Por primera vez en la historia de Guanajuato, un alcalde fue llamado a comparecer ante diputados tras la negativa de aceptar una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Juan Carlos Castillo, alcalde de San diego de la Unión, negó haber violentado a una regidora durante el periodo 2015-2018.

En menos de cinco minutos, Caudillo Cantero expresó que no tenía conocimiento de este expediente hasta este martes, luego de que personalmente solicitó la información a la Procuraduría.

Ya en entrevista, el alcalde dijo no tener conocimiento sobre los hechos de los que ha sido acusado, cuestionado sobre si reconocía haber ejercido violencia física contra la edil.

“Creo que hoy se equivocaron conmigo, soy una persona íntegra, soy de trabajo, hemos hecho mucho trabajo en San Diego a favor de las mujeres, estoy a favor de políticas que establezcan la participación, la inclusión la participación de las mujeres, entonces el día de hoy, mi postura, mi trabajo, no por algo fui reelecto en el municipio (…) no estamos evadiendo, creo que todos somos responsables de nuestros hechos, nuestros actos, en este caso yo tengo muy clara mi acción, mi postura y al final de cuentas a algo importante que hoy en día, si aquí alguien está siendo víctima, creo que en este caso soy yo”.

Después de calificar como desafortunada la ausencia de elementos para no acatar la recomendación, el procurador de los Derechos Humanos en el Estado, Vicente Esqueda Méndez, dio a conocer que Castillo Cantero tenía total conocimiento del expediente.

El procurador puntualizó que hubo al menos dos informes en torno a la recomendación, que fueron firmados por el alcalde de San Diego, además los resultados fueron turnados a todos los integrantes del Ayuntamiento.

Recordó que, por Ley, las recomendaciones de la Procuraduría no son vinculantes a proceso, y las autoridades están en su derecho de no acatarlas, pero deben sustentar el porqué, lo cual no sucedió en este caso.