Al menos 20 normalistas heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre policías estatales y estudiantes de Ayotzinapa, sobre la carretera libramiento a Tixtla, que ocurrió alrededor de las 15:30 horas.
El altercado se produjo cuando policías estatales interceptaron dos autobuses en los que se transportaban normalistas que regresaban a su escuela, con una pipa de gas que antes habían retenido los jóvenes.
Durante el incidente salieron a relucir gases lacrimógenos, pedradas y toletes; los dos autobuses quedaron dañados y alrededor de 20 estudiantes resultaron golpeados, mientras que otros más corrieron hacia las faldas de los cerros para no ser detenidos.
De acuerdo con la denuncia de algunos de los jóvenes estudiantes, es la primera acción que ordena el actual gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores y su secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Más tarde, policías estatales se presentaron en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) de Guerrero para entregar a 13 normalistas que fueron detenidos durante el enfrentamiento, que dejó a alrededor de una veintena de jóvenes lesionados, seis de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.
Junto con los 13 jóvenes se encontraba un oficial de la policía estatal, quien omitió su nombre y negó que hayan sido detenidos, pues aseguró que sólo los trasladaron a la CDHE para declarar en calidad de testigos. Además entregaron ocho autobuses en los que aproximadamente 130 normalistas de Ayotzinapa se transportaban.
Los estudiantes que quedaron a disposición de la Comisión de Derechos Humanos declararán sobre lo ocurrido en el enfrentamiento en la carretera de Tixtla, informaron autoridades.
“Daño a la sociedad”
El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, consideró que en Guerrero hay “focos rojos” en términos de desaparición forzada, de ahí que existe la necesidad de crear una ley que contemple castigos más severos ante la comisión de estos delitos.
En entrevista, luego de que se reunió con familiares de las 31 víctimas del equipo de tercera división Los Avispones, cuyos integrantes sufrieron un ataque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Campa mencionó: “Las desapariciones le hacen un enorme daño a la sociedad, afectan terriblemente a las familias”.
En Guerrero la incidencia de casos en esa materia es elevada, como en todo el país, desde que la delincuencia dejó de sentirse satisfecha con el sólo hecho de matar y pasó a desaparecer personas, según expuso. Justo entre las exigencias del grupo de expertos propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está la modificación de la ley para que se reconozca el tema como grave.
“Es la angustia de no saber qué pasó con los familiares, es el único caso que la seguridad de la muerte significa una parte de la solución del problema, siendo terrible la pérdida de un ser querido en estas condiciones, estar seguros de que el desaparecido murió es un consuelo; esa es la gravedad del delito”.
Lamentó la situación violenta actual del estado e igual que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó que hubo deficiente apoyo por parte de los dos últimos gobiernos perredistas —el de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega— que “han sido testigos de la dificultad que ha representado la coordinación en los últimos años en el caso de Guerrero, parece que hubo otras prioridades locales, y conviene rescatar hoy la coordinación que se está dando con el nuevo gobierno”.
Por la noche, la Procuraduría General de la República dio a conocer que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un documento de trabajo que, “contiene nuevos elementos sobre las observaciones realizadas por dicho organismo”, con relación al caso Iguala. Anticipó que el documento será revisado en las mesas de trabajo, entre ambas instituciones y que tiene como objetivo el cumplimiento de las 26 observaciones.