La disputa no se libra solo en el terreno militar ni en los foros diplomáticos. También se desarrolla en pantallas, algoritmos y audiencias globales. En ese frente, ahora emerge una grieta incómoda: influencers, activistas y empresas mediáticas acusan a Israel de haber financiado campañas de propaganda para justificar su invasión en Gaza… y luego no pagar por ellas.

Las demandas, que suman millones de dólares, no solo reclaman deudas económicas. Exponen con inusual claridad el funcionamiento de un sistema de comunicación política que, lejos de limitarse a la diplomacia tradicional, habría recurrido a creadores digitales y estructuras privadas para moldear la narrativa internacional sobre la guerra.

Los procesos judiciales se dirigen contra la maquinaria de comunicación internacional vinculada al gobierno israelí, conocida como hasbará, una estrategia diseñada para influir en la opinión pública global. De acuerdo con los demandantes, esta red no operó únicamente con voceros oficiales, sino que integró a influencers, activistas y productoras como extensiones informales del Estado.