Estas aquí
Home > Guanajuato > VINCULAN A PROCESO PENAL A CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

VINCULAN A PROCESO PENAL A CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

VINCULAN A PROCESO A CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

El ex presidente municipal de San Miguel de Allende (2012-2015) y candidato del PRI a alcalde, Mauricio Trejo Pureco, fue vinculado a proceso penal acusado de un peculado que asciende a los 779 mil pesos.

En febrero y marzo del 2017, el gobierno de San Miguel de Allende -encabezado por Ricardo Villarreal García- y el Congreso del Estado – a través de la Auditoría Superior del Estado- pusieron 29 denuncias penales, 28 civiles y 55 administrativas por irregularidades en la aplicación de hasta 27 millones de pesos, detectadas en el gobierno de Trejo Pureco.

El año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó una de las querellas por el delito de peculado, porque acreditó que Mauricio Trejo había contratado “aviadores” que cobraban en presidencia municipal, pero trabajan en su bar “El Grito”.

El ocho de diciembre del 2020, la jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Primer Región del Estado, con sede en San Miguel de Allende, determinó que no existían elementos para vincular a proceso penal al ex alcalde.

La FGE y los representantes jurídicos del gobierno local interpusieron un recurso de apelación contra la determinación de la juez.

El cinco de febrero, el magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Alfonso Fragoso Gutiérrez, “revoca la decisión combatida, y estando los requisitos de ley, se vincula a proceso penal a Mauricio Trejo Pureco por los hechos considerados por la ley como el delito de peculado”.

La Fiscalía acreditó que Trejo Pureco ordenó al entonces tesorero, Jaime Labrada Araiza, que contratará como “Asistente A” de Tesorería a Diego Arturo García Barrera y como “Jefa de Supervisión” de Tesorería a Claudia Barragán Méndez, ambos empleados del bar “El Grito”.

De enero del 2013 a diciembre del 2015, el gobierno de San Miguel de Allende pagó 287 mil 53 a Diego García y 491 mil 983 a Claudia Barragán, según consta en la investigación de la FGE.

El artículo 248 del Código Penal establece que un servidor público incurre en peculado cuando “disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo” y se castiga de dos a 10 años de prisión.

En el año 2017, cuando se informó sobre las denuncias que pondría el Congreso, Mauricio Trejo calificó de “mala leche” la revisión que hizo la Auditoria Superior del Estado (ASE) y de “risa” las querellas puestas por el gobierno municipal.

Carlos Garcia / Kuali

Top