El juez federal Randy Moss bloqueó una política clave del Gobierno de Donald Trump que prohibía a los migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo. La decisión asesta un duro golpe a la estrategia migratoria de la administración, que buscaba restringir drásticamente el acceso a la protección humanitaria en la frontera sur.

A principios de este año, defensores de los derechos de los migrantes, incluidos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, interpusieron una demanda contra la proclamación presidencial que, en la práctica, cerraba el asilo en la frontera sur. Los demandantes argumentaron que la medida ponía en peligro miles de vidas al impedir que las personas que huían de la persecución buscaran refugio en Estados Unidos.

Durante los argumentos orales en abril, las tensiones se intensificaron en la sala federal de Washington. Moss presionó duramente a los abogados del Departamento de Justicia sobre los límites de la autoridad presidencial. En un momento, planteó un hipotético extremo: “¿Sería una orden presidencial de disparar a los migrantes en la frontera inmune jurídicamente al control judicial?” El abogado gubernamental, Drew Ensign, admitió que tal orden plantearía problemas constitucionales, pero evitó precisar qué límites legales existirían, lo que provocó una severa reprimenda del juez.

En su decisión, Moss afirmó: “El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo, que suplante los estatutos que el Congreso ha promulgado”. Subrayó que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni la Constitución otorgan al presidente la autoridad de negar unilateralmente el acceso al asilo para personas que ya se encuentran en territorio estadunidense, independientemente de cómo hayan ingresado.