México vive la mayor crisis forense de su historia. En las últimas tres décadas, el fenómeno de la desaparición forzada de personas se ha incrementado hasta llegar a niveles récord, mientras que el número de homicidios culposos y dolosos ha llegado a tal magnitud que la capacidad de los servicios médicos forenses en las entidades ha llegado a un límite que les mantiene desbordados y en la incapacidad de proporcionar los servicios que requiere el país.

De acuerdo con el Inegi, en 2023 se recibieron en las instalaciones de los servicios periciales de todo el país un total de 94,983 cadáveres. De ellos, 77,382 fueron hombres, 16,221 fueron mujeres y en 1,290 casos no pudo determinarse el sexo de la persona. Por otro lado, también se recibieron en los servicios periciales 11,690 “piezas” de restos humanos, así como 873 óbitos fetales y 1,415 componentes y productos humanos.

La información oficial revela además que al cierre del año 2023 se tenían 15,878 cadáveres almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense, así como 12,938 restos de seres humanos en las instalaciones mencionadas. Para atender esta problemática en el país, se cuenta únicamente con 32 coordinaciones estatales de la FGR, así como 413 unidades de servicios periciales o Semefos del país.

Los estados que tienen una mayor infraestructura coinciden con algunos de los que reportan un mayor número de homicidios intencionales o de personas desaparecidas, siendo Jalisco la entidad con mayor número de unidades estatales, con 45; Michoacán, con 31, y Guanajuato, con 30.